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¿En qué consiste un derecho de petición contra particulares?



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en enero 23, 2015

 ¿En qué consiste un derecho de petición contra particulares?

El derecho de petición, por excelencia consiste en una figura que actúa para las instituciones de derecho público, para compañías estatales; sin embargo solo en circunstancias excepcionales puede ejercer acción contra entidades particulares o contra compañías de carácter privado.
 
Por esta razón, únicamente de modo excepcional, y de acuerdo a cómo se incurra en la infracción de los derechos fundamentales, el derecho de petición representa una obligación a la que deben atender los particulares.
 
La Corte Constitucional en diversas sentencias [Sentencias C-134/94, T-105/96, T-738/98, T-789/98, T-131/98, T-131/98], ha estimado que el derecho de petición relaciona a los particulares en la medida en que ese particular realice la prestación de sus servicios públicos o de interés general, o aunque no consista en ninguno de los servicios que se mencionaron anteriormente, se lleve a cabo la violación de algún derecho fundamental por la falta de atención del derecho de petición.

En la situación de las compañías privadas que prestan servicios públicos o de interés general, para que el derecho de petición las relacione, además del origen de los servicios prestados, debe existir efecto negativo sobre algún derecho fundamental de quien reclama el derecho de petición.
 
La corte ha determinado que en estos casos, debe proceder la acción de tutela para hacer una exigencia al particular para que preste la debida atención del derecho de petición, de acuerdo a como se presenten los supuestos de que trata el artículo 86 de la constitución nacional.  Justamente el artículo 86 de la constitución es quien creó la acción de tutela, y con respecto a la procedencia de la tutela contra particulares, expresa este artículo:

(…)
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
 
(…)


 La vinculación de los particulares frente al derecho de petición, está sujeto al marco contemplado en el artículo 86 de la constitución nacional, y en este se pueden identificar claramente las siguientes situaciones:
 
1. El particular presta un servicio público o de interés general
2. Que se afecte gravemente el interés general o colectivo, y
3. Que se afecte gravemente algún derecho fundamental como consecuencia del estado de subordinación o indefensión.


Es de esta manera como por ejemplo es posible recurrir a la acción de tutela cuando un empleador no certifica a un ex empleado suyo, lo que perjudica su derecho al trabajo; por lo que se infiere que en el derecho de petición relaciona al empleador particular con la obligación de hacer una expedición de certificados o documentos que aseguren el derecho del trabajador al trabajo, a la salud o a la pensión.