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El Fiscal, Eduardo Montealegre, propone dejar a jefes de guerrilla exentos de cualquier acción penal



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en octubre 03, 2014

El Fiscal, Eduardo Montealegre, propone dejar a jefes de guerrilla exentos de cualquier acción penal

De acuerdo al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, la pena máxima para los jefes de las Farc por los crímenes de mayor gravedad entre los que se encuentran los de lesa humanidad, delitos de guerra y violación de los derechos humanos podría ser el desminado; esa fue la propuesta que realizó este jueves el funcionario del estado.

En el foro liderado por la embajada de Alemania en Colombia, la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, el fiscal abordó el tema de la reconciliación y efectuó una exposición sobre toda una controversial tesis jurídica, que seguramente, formará parte del debate de la nueva justicia transicional que tratará el Congreso colombiano en el caso de que se firme en La Habana el fin del conflicto.
 
“La pregunta es si Colombia podría crear un sistema de justicia alternativa que implique sustitución de la pena privativa de la libertad, más exactamente sustitución de penas privativas efectivas de la libertad por otro tipo de penas alternativas como el desminado”, cuestionó el Fiscal durante su conferencia
magistral.
 
En esa misma medida, expresó que si llega a firmar el fin del conflicto, cerca de 10.000 miembros de las Farc y del Eln estarían exentos de cumplir con cualquier acción penal.

Y aclaró que en ese sentido las 10.000 personas que conforman las filas de las organizaciones guerrilleras, no se someterían a la justicia, para ser juzgadas penalmente y en relación con ellas sería posible la renuncia de la acción penal.
 
Respalda la idea de que el proceso se proteja jurídicamente de tal modo que todos aquellos individuos que han hecho parte del conflicto posean la tranquilidad y la confianza en que no se ejercerán más acciones penales en su contra.

Además, agregó de que “tiene que haber un cierre definitivo de todas las investigaciones, blindar hacia el futuro con mecanismos que impidan que, indefinidamente, después de las investigaciones se sigan abriendo procesos para los actores del conflicto”.
 
Por otro lado, reafirmó en que “ese cierre no solo sería para la guerrilla, sino que incluirá a los miembros de la Fuerza Pública y los que han sido investigados y juzgados por paramilitarismo”. La tesis presentada por el Fiscal General adquiere mayor importancia si se considera que el Congreso se verá en la obligación de expedir una nueva ley de justicia transicional para el momento en que se firme el fin del conflicto.