El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se realiza para que una entidad estatal aplique una ley de tipo penal en un caso determinado y que se puede realizar por medio de un poder de proceso penal. Las acciones que se adelantan en el marco de estos procesos están enfocadas a la investigación, el reconocimiento y el eventual castigo de aquellos comportamientos que están tipificados como delitos por el código penal.

El fin de estos procesos penales, en última instancia, es la permanencia del orden público. Las propiedades de su desarrollo dependen de cada jurisdicción. En Argentina, por ejemplo, el proceso penal posibilita castigar a los mayores de 18 años.
 
Lo normal es que un proceso penal comience con una instrucción preparatoria que trata de la etapa de investigación. En esta parte del proceso, se reúnen las pruebas que justificarán la acusación contra una persona, proceso que requiere de una representación por parte de un apoderado a quien es necesario conferirle un poder de proceso penal.
 
Una vez terminada esta etapa, empieza el momento del juicio. El proceso penal, en esta instancia, tiene que ver con el análisis y la valoración de las pruebas que fueron recogidas en el transcurso de la instrucción. A partir de este análisis, el juez que lleva el caso penal dará a conocer el fallo respectivo y determinará la pena que debe pagar el autor del delito, en la situación de que esta autoría quede comprobada. Tanto para el demandante como para el demandado, se hace necesaria una representación por parte de un apoderado, es decir, un abogado que los represente mediante un poder de proceso penal.

Por último, el proceso penal se totaliza con la ejecución de la pena, lo que quiere decir, con el cumplimiento efectivo del castigo que ha establecido el juez o el tribunal según a lo tipificado por la ley. Para ampliar esta información te invitamos a leer sobre Denuncia penal por inasistencia alimentaria.

Un ejemplo de proceso penal es aquel procedimiento que comienza a partir de un asesino, con la investigación que es posible que derive en la detención del sospechoso, el juicio que se lleva a cabo para verificar su responsabilidad en el hecho y el castigo que se le aplica si se halla que la persona es culpable. En estas circunstancias siempre será necesario conferir un poder de proceso penal a un apoderado para que represente a las personas involucradas en el proceso penal.