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¿Frente a que personas o entidades se debe interponer un derecho de petición?



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en marzo 14, 2015

¿Frente a que personas o entidades se debe interponer un derecho de petición?

Un derecho de petición se puede interponer ante diferentes personas o entidades de acuerdo a la reclamación o la solicitud que se deba a algún motivo en especial.

El derecho de petición es un derecho constitucional y establecido por el código contencioso administrativo en su artículo 5 y próximos.

El derecho de petición al estar estipulado por el código contencioso administrativo, representa en esencia un ejercicio contra las instituciones estatales, exceptuando las corporaciones privadas como es el caso de las compañías privadas.  

Sin embargo, el derecho de petición puede actuar a la vez contra las instituciones privadas que prestan o administran servicios públicos, como las cámaras de comercio, notarias, las compañías de servicios públicos como el agua, gas, energía eléctrica, teléfono, entre otros.

Así las circunstancias, no se puede esperar dimensionar un derecho de petición a una compañía privada para que gestione un certificado laboral, por ejemplo.

Aunque normalmente es posible presentar la solicitud, no se debe realizar en los términos en que se eleva un derecho de petición de acuerdo al artículo 23 de la constitución nacional, y obviamente que no  dispondrá del alcance ni las influencias de éste.

Cada persona debe investigar o consultar de acuerdo a su caso para saber ante quien puede interponer un derecho de petición y por medio de su representante legal, es decir, el apoderado, ejercerá una justa reclamación de sus derechos fundamentales que han sido vulnerados.

La respuesta al derecho de petición está contemplada en un plazo aproximado de 15 días, dependiendo de cada caso y el tipo de reclamación, en los cuales los funcionarios encargados deben atender la solicitud para suministrar la respuesta o de lo contrario estarán expuestos a una sanción.

De este modo el derecho de petición se convierte en una de las herramientas de mayor eficacia que tiene la justicia y que se encuentra al alcance de todos los ciudadanos de bien, para que hagan valer sus derechos, sea frente a una entidad pública como privada.