La Fiscalía archivó la investigación que se adelantaba contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro por la introducción del nuevo modelo de aseo en la capital.
 
Además canceló el proceso contra el exdirector de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), Diego Bravo, por ese mismo caso.
 
De acuerdo a la Fiscalía no hallaron elementos para asegurar que Bravo y Petro cometieron delitos. El órgano acusador reitera que el alcalde y el exgerente del acueducto "actuaron de acuerdo a la ley".
 
Dentro de la misma determinación, la Fiscalía cerró el caso que dirigía por una dudosa conspiración de los operadores privados de basuras contra el alcalde Petro para supuestamente entorpecer el nuevo sistema. En esa dirección se confrontaron copias contra el abogado Manuel Sánchez y el contratista Emilio Tapia por falso testimonio.
 
Tanto Sánchez como Tapia les habían comunicado a las autoridades que las compañías privadas de recolección de basuras habían planeado un proyecto para generar la crisis de aseo en la capital.

Por el nuevo esquema para la recolección de las basuras, la Procuraduría destituyó a Bravo en diciembre del año pasado y lo invalidó por 12 años para desempeñar cargos públicos.
 
En esa misma fecha el Ministerio Público a la vez impuso la destitución e inhabilitación del alcalde Gustavo Petro para 15 años por la puesta en marcha del esquema de recolección de basuras en Bogotá.
 
La sanción contra Petro se suspendió por motivo de unas medidas cautelares que le adjudicó el Consejo de Estado mientras se analiza una acción de nulidad y restitución del derecho que injirió el alcalde para detener la acción de la Procuraduría. Gracias a esas medidas cautelares, Petro sigue en su cargo. El procurador Alejandro Ordóñez declaró al conocerse la noticia que "lo penal no condiciona lo disciplinario ni a la inversa. Son dos derechos autómonos, por tanto la decisión no tiene ninguna incidencia en lo disciplinario".

Atribuirán cargos a altos funcionarios de Unidad de Servicios Públicos
 
En la situación de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Nelly Mogollón, la Fiscalía afirmó que le inculpará cargos por la declaración de una urgencia revelada "que se basó en hechos que no eran extraordinarios". Esa condición fue proclamada por Mogollón el 17 de diciembre del 2012 con el propósito de continuar con la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.
 
La Fiscalía además le atribuirá el delito de prevaricato al subdirector de esa Unidad, Carlos Rojas, "por violar la ley exigiendo condiciones a los operadores privados".