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Acciones de Grupo. (Parte 2)



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en abril 22, 2007

Acciones de Grupo. (Parte 2)

El Código Modelo de Procesos Colectivos en este aspecto ha retomado el término de “derecho difuso” entendiendo éste como el supraindividual, de naturaleza indivisible, que tiene como titular un grupo de personas vinculadas entre sí por un daño. Doctrinalmente se ha concebido el derecho difuso como sinónimo de derecho colectivo, aunque algunos tratadistas manifiestan que los derechos colectivos son el género una de cuyas especies son los derechos difusos. La disimilitud entre unos y otros se basa sólo en la procedencia de la asociación de los afectados o amenazados.

El interés o derecho difuso es el que asiste a un grupo de personas que ante la inminencia de un daño o ante la presencia del mismo deciden solicitar protección jurisdiccional. La vinculación entre las personas que conforman el grupo surge como consecuencia de la necesidad de reclamar la protección del interés o derecho. Dicho interés se encuentra radicado en la comunidad y se le denomina difuso en cuanto es un interés que sólo se concreta en la medida en que se vea amenazado(8).

En nuestro país, la Constitución de 1991 no hace referencia a los derechos difusos, pero ello no significa que se hayan excluido de nuestra normatividad. La Carta hace mención de los derechos colectivos cuya calificación no nace por el hecho de que varias personas estén en una misma condición, ni porque se acumulen situaciones parecidas; el derecho colectivo no se origina en un individuo sino en la comunidad misma. Para que un derecho sea colectivo no se requiere que dos o más personas estén en situación idéntica; es colectivo por la pluralidad de individuos que se vean afectados por la situación de acción u omisión proveniente del demandado.

El derecho colectivo va más allá de la esfera de los derechos particulares o subjetivos, los cuales tienen existencia en la norma desde antes que ocurran los hechos que los pueden lesionar; los derechos e intereses colectivos son de una agrupación y no de cada una de las personas que la conforman .

Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos jurídicos que el daño a reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad, deben ser atendidas de manera pronta y efectiva.

Cabe recalcar entonces que en las Acciones de Grupo no hay limitación alguna en relación con la naturaleza de los derechos cuya protección se solicita. Se trata de una acción con un eminente carácter de reparación a través de la cual se busca una mayor economía procesal(10) y agilidad en la administración de justicia(11), ya que se permite a un grupo de personas – quienes pueden presentar acciones separadas por haber sufrido perjuicios individuales – demandar conjuntamente siempre que la causa generadora del daño y los demás elementos que configuran la responsabilidad sean comunes(12).

Pero como toda acción de reparación requiere la presencia de unos elementos mínimos para un ejercicio exitoso, es así como la ley 472 de 1998, desarrollando el precepto constitucional, establece unas exigencias elementales para la admisión de la acción de grupo. Es por esto que el grupo de afectados debe estar conformado al menos por veinte personas(13), lo cual debe ser acreditado en la demanda; ello constituye un requisito imprescindible para identificar plenamente a la parte actora de esas acciones, es decir, quién o quiénes son las personas que formulan las pretensiones, acreditando la existencia de un interés legítimo y demostrando pertenecer a un grupo de personas, las cuales resultaron afectadas por una causa común.

A diferencia de lo dispuesto en la legislación colombiana, en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica no se fija un mínimo o un máximo de personas para que se dé la conformación del grupo, sino que sencillamente se consagra que sea un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho; en su artículo tercero el Código Modelo establece quiénes son las personas, naturales o jurídicas, que pueden iniciar la acción colectiva, de igual forma lo establece la Ley 472 de 1998 en su artículo 48.

Pero el cumplimiento de este requisito no restringe de ninguna manera la participación de otras personas víctimas de la misma causa, de tal forma que la ley permite que se incremente durante el proceso, o aún después de su culminación, dicho grupo, pues el objeto de ésta acción es obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por los daños producidos a un derecho o interés colectivo, es decir, por los perjuicios sufridos por un conjunto de personas que se han visto afectadas por una causa común(14). Por otra parte, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica plantea la conformación de un litisconsorcio facultativo entre los legitimados, lo cual facilitaría de alguna manera la intervención de los individuos que no pudieron por alguna razón vincularse al proceso desde el comienzo.

A la pluralidad de sujetos que conforman la parte activa del proceso bien podría llamárseles litisconsortes, pero al respecto en reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha hecho hincapié precisando que: “en el caso de las Acciones de Grupo no se está frente a ninguna clase de litisconsorcio y por lo tanto no le son aplicables las normas que los regulan” (15).

Cada una de tales personas, naturales o jurídicas, debe haber sufrido un perjuicio (16), sobre su derecho, bien sea éste de naturaleza colectiva o particular; (17) es necesario que se presenten condiciones uniformes respecto de la causa del daño, con ello se permite identificar al grupo con anterioridad a la ocurrencia del perjuicio; estás condiciones deben existir, igualmente, respecto de los elementos que configuran la responsabilidad.(18)

El establecimiento del grupo era un problema en la jurisprudencia nacional, Corte Constitucional y Consejo de Estado, pues no había acuerdo, ya que mientras el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo exigía la existencia de un grupo preestablecido, la Corte Constitucional reconoce que no se requiere un grupo preexistente, sino que solamente es necesario que las personas se encuentren vinculadas entre sí por la existencia de un daño que tiene unas causas comunes. De ahí que la Corte Constitucional en la sentencia C-569 de 2004 declaró la inexequibilidad de las expresiones “las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad” contenidas en los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998, condiciones éstas que el Consejo de estado venía exigiendo,(19) dejándose en claro que no es necesario para la integración del grupo que las personas que lo conforman hayan sufrido el mismo daño, como lo venía interpretando este último Tribunal, porque a pesar de originarse el daño en una causa común, no siempre tendrá las mismas consecuencias en los individuos que integran el grupo, como lo han entendido en su gran mayoría los doctrinantes y como lo expuso la Corte Constitucional.

La acción se ejerce con la exclusiva pretensión de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios.(20) Adicionalmente, como lo disponen los artículos 47 y 49 de la Ley, es necesario: que al momento de la presentación de la demanda no hayan transcurrido más de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho causante del daño, o de la cesación de la "acción vulnerante"; que la acción sea ejercida por conducto de abogado y en el caso de que cada persona afectada por esa causa común haya iniciado una acción individual con un abogado, se elija un coordinador que será a su vez el apoderado legal del comité.

La integración del grupo para el ejercicio de la acción no impide que un individuo manifieste su deseo de ser excluido del grupo, pero debe recordarse que para que esto sea posible, deberá manifestarse dicha pretensión dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda, pues de lo contrario no sería procedente tal solicitud.

Vencido el término para manifestar el deseo de ser excluido del grupo, se da paso a la realización de una audiencia de Conciliación Judicial con la que se busca que las partes lleguen a un acuerdo sobre la forma en que se indemnizará al grupo por los daños que se les ha causado; entre tanto el Código Modelo de Procesos Colectivos señala la realización de una audiencia preliminar de conciliación con los mismos fines que la audiencia que establece la ley 472.

Estas audiencias de conciliación son un mecanismo mediante el cual se busca encontrar una solución pronta al conflicto de una manera pacífica y con la asesoría de un tercero imparcial que garantice la protección de los intereses de las dos partes, evitando los abusos que la posición del demandante o del demandado puedan generar; sin embargo, la propuesta que realiza el Código Modelo va mucho más allá de una audiencia de conciliación, pues abre la posibilidad de otros medios alternativos de solución de conflictos como la mediación, el arbitraje y la evaluación neutral por parte de un tercero.

Nótese cómo en la Ley 472 la audiencia de conciliación es una etapa procesal del desarrollo de una acción de grupo, mientras que en el Código Modelo de Procesos Colectivos la audiencia preliminar – que no solo se limita a la conciliación – es un requisito de procedibilidad para que se inicie el trámite de la acción colectiva. A la audiencia de conciliación de que se habla deben asistir las partes, sus representantes y el Defensor del Pueblo, pero para la realización de ésta, es un prerrequisito que se haya integrado el grupo y que el monto de los daños sea susceptible de cuantificar con base en datos reales; en caso de que se realice un acuerdo, éste se asimila a un sentencia, por lo que el acta en que conste dicho acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo; el Juez deberá dar orden para que se publique en un medio de comunicación.

Entre tanto, la audiencia preliminar del Código Modelo de Procesos Colectivos se realiza con la presencia de las partes o sus representantes – los cuales deben estar facultados para transigir – y el Juez, quien oye a las partes sobre la presentación de la demanda y la contestación de la misma, para buscar una conciliación o sugerir, de ser el caso, otras formas de solución de conflicto, de tal manera que de llegar a un acuerdo la conciliación será homologada por sentencia que constituye titulo ejecutivo.

En el caso de no existir acuerdo entre las partes la ley 472 prevé la posibilidad de solicitar de común acuerdo la celebración de una nueva diligencia para buscar la conciliación. Si el acuerdo no se logró por ausencia de una de las partes la ley no provee ninguna sanción por la inasistencia, pero si la parte que falta es un funcionario público y éste no justificó aquella, es susceptible de sanción disciplinaria; en los casos en que exista ausencia justificada – probada sumariamente e informada con anterioridad a la audiencia – el Juez deberá fijar fecha para el quinto día siguiente.(21)

Es obvio que de no existir acuerdo entre las partes la acción ha de seguir. Así, mientras en la ley 472 se procede a decretar la práctica de pruebas y abrir el periodo probatorio sin más, en el Código Modelo de Procesos Colectivos como la audiencia preliminar es anterior a la existencia del proceso, debe el Juez examinar antes de continuar con la acción si el proceso tiene condiciones de seguir en forma colectiva, de ser viable la acción el Juez fijará los puntos controvertidos, decidirá las cuestiones procesales que estén pendientes, y determinará las pruebas a ser practicadas y convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento, si es el caso.

Una y otra audiencia tienen sus ventajas y desventajas. Es de ver que mientras el proceso de la Ley 472 es eminentemente escrito, el propuesto por el Código Modelo de Procesos Colectivos es un proceso oral, de tal manera que este último ofrece la ventaja de ser más expedito. De una parte la audiencia de conciliación de la Ley 472 es una audiencia judicial ante la presencia del Juez que en caso de fracasar no cierra la posibilidad de acudir por común acuerdo ante el mismo Juez para realizar una diligencia similar, mientras tanto la audiencia preliminar del Código Modelo de Procesos Colectivos, es una audiencia prejudicial que se realiza ante el Juez pero que puede llevar a la utilización de otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. En todo caso, de llegar a existir acuerdo, el efecto es el mismo pues pone fin al proceso y el acuerdo establecido se convierte en titulo ejecutivo.

La propuesta de una y otra normatividad es efectiva, no existen más ventajas en una u otra pues la diferencia fundamental se encuentra en el momento procesal en que se realiza; sin embargo, a pesar de estar ubicadas en momentos diferentes ambas audiencias se realizan antes de la etapa de pruebas, por lo que la disposición de la partes para llegar a un acuerdo no se encuentra influenciada por expectativas de ganar la litis creadas a partir de los resultados arrojados por el periodo probatorio, lo cual conlleva a que las partes aún se encuentren en igualdad de condiciones para transigir. Pero podría pensarse que la propuesta del Código Modelo de Procesos Colectivos es mucho más amplia, ya que permite acudir a otros mecanismos de solución de conflictos alternativos al proceso, ello no es una puerta que se cierre en el proceso de la ley 472, ya que esta normatividad sólo regula lo relacionado con un momento


Notas bibliograficas




(8)Consejo de Estado. Sentencia No. De Rad. AP-019-00.
(9)Consejo de Estado. Sentencia No. de Rad. AP-144-01.
(10)La economía procesal es un principio con base en el cual con un mínimo de actuación procesal se pueden llegar a obtener mayores resultados.
(11)Principio de celeridad.
(12)Consejo de Estado. No. de Rad: AG-001-00.
(13)Art. 46 Ley 472 de 1998.
(14)Corte Constitucional, sentencia T-231 de 1993.
(15)Consejo de Estado. 24 de enero de 2004, expediente AP- 017, consejero ponente Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(16)Art. 48 Ley 472 de 1998.
(17)Corte Constitucional, Sentencia C – 215 de 1999.
(18)Art. 3 y 46 Ley 472 de 1998.
(19)Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia AG 017, febrero 2 de 2001.
(20)Art. 46 Ley 472 de 1998.
(21)Remisión al código de procedimiento civil, art. 101.

Espere pronto la tercera parte de este completo artículo