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A 40 años de la Noche de los Bastones Largos



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en enero 19, 2007

A 40 años de la Noche de los Bastones Largos

No hace falta recordar los detalles: el 28 de junio de 1966, a un mes de haber derrocado a Illia, uno de los mejores presidentes que tuvo el país en su historia y tan injustamente olvidado, un fragote militar encabezado por el golpista Onganía intervino las universidades e invadió algunas facultades a los golpes, durante lo que después se conoció como la “Noche de los Bastones Largos”. La consecuencia fue la renuncia masiva de los docentes de varias facultades y de algunos otros académicos, especialmente de Ciencias Exactas, y la finalización de un experimento que desde los fines de la década anterior había logrado llevar a la universidad argentina a un prestigio científico que nunca antes había tenido.


La universidad destruida por las botas militares se basaba en los principios de la Reforma de 1918, antiautoritaria, democrática, relacionada estrechamente con la problemática nacional y popular, propugnadora del cogobierno estudiantil y la investigación científica, del profesorado preferentemente de dedicación exclusiva, pero que debía revalidar periódicamente sus méritos para no anquilosarse; y de su autonomía –de los designios del gobierno– para elegir su propio camino y autoridades. Se puede decir que todos estos objetivos se habían logrado plenamente en varias facultades en el momento en que los esbirros de Onganía le pusieron un brutal punto final. Luego, los principios reformistas fueron restaurados y derogados varias veces, y ahora rigen, en forma ininterrumpida desde el retorno de la democracia.
Sin embargo sólo rigen en el principio legal y en una forma degradada y desvirtuada, cosa que se pone de manifiesto dramáticamente en los momentos actuales en la Universidad del Comahue y en la de Buenos Aires, donde grupos minoritarios impiden –incluso a veces por la violencia– el normal funcionamiento de las instituciones universitarias.


Los conceptos de la reforma están desvirtuados por varios motivos y es tiempo de modificar este estado de cosas para retomar los ideales reformistas: la representación de los profesores abarca sólo aquellos consagrados en concursos regulares y son sólo una minoría; hace años que no se hacen concursos, con lo que se reduce la representación de los docentes a una minoría; en cambio existe una perversa “carrera docente” que reemplaza el postulado reformista de la periodicidad de la cátedra y permite que se eternicen docentes mediocres en puestos mediocres, y bloquea la movilidad académica, estimula la inercia y las camarillas, y desestimula la investigación original.


Los docentes auxiliares, la gran mayoría, y que paradójicamente muchas veces son colocados al frente de cátedras por falta de concursos, por su parte son relegados al claustro de los graduados, con lo que desvirtúa también la participación de éstos. En efecto, la inclusión de los graduados tuvo por objeto traer a la universidad la realidad de la vida profesional de la mayoría de sus egresados, mientras que ahora guarda muy poca relación con aquélla, aislando a la universidad del medio social que la rodea. Y la realidad universitaria no debería regirse por la política contingente, como ahora es frecuente, sino por la necesidad de generar y difundir saber.


Todo indica que ahora la universidad ha vuelto a un estado de rigidez dominado por grupos reducidos de docentes atrincherados en sus cargos, con toda su actividad dominada por los problemas internos, desconectada de la sociedad y sus necesidades. Así era la universidad de 1918, y contra ella se rebelaron los estudiantes de aquel tiempo. ¿Lo hacen ahora de nuevo?

La universidad ahora tiene autonomía y una presunta democracia interna, aunque depende del Estado para su financiamiento, es decir vive de la comunidad y le debe rendir cuentas. La autonomía no significa extraterritorialidad, sino libertad de enseñanza y autogobierno.
No es la propiedad de una minoría privilegiada sino de la Nación, pero el ingreso irrestricto no es el antídoto contra la oligarquía, y la democracia interna no implica que el voto de un estudiante recién ingresado deba tener el mismo peso que el de un docente. La universidad es una institución esencialmente asimétrica y su estructura de gobierno debe representar esa asimetría. Por la misma razón es debatible que los no-docentes tengan parte en el cogobierno, ya que sólo de unos pocos de ellos se puede decir que forman parte del proceso educativo.


La universidad debe estar al servicio de los superiores intereses de la Nación. Debe formar los profesionales que el país necesita y no necesariamente permitir que cada uno estudie lo que quiera, aunque esta evaluación depende de un lamentablemente inexistente proyecto de país.

Es y debe ser también elitista, palabra que parece ser considerada un insulto: su papel es la formación de las élites técnicas e intelectuales del país. Debe ser una “meritocracia”, otra palabra que casi se usa como injuria, ya que sólo se trata de “zafar”. Esto se aplica también a muchos docentes, no sólo a los alumnos. Se ha perdido la cultura del esfuerzo.

Lo que debe ser democrático es el acceso a la universidad, no el egreso. Pero democrático tampoco es lo mismo que irrestricto como se entiende en la actualidad, tal como no es lógico que la universidad deba suplir las falencias de la escuela media. Recientemente esta tendencia a igualar hacia abajo llegó al extremo de que los alumnos de cierta facultad demandaban la eliminación del trabajo práctico final de grado: se consideraba discriminatorio.

Es obvio que es discriminatorio y debe serlo: se debe discriminar entre los que aprendieron algo en su paso por las aulas universitarias y los que no lo hicieron. El futuro del país depende de esa discriminación y su ausencia es una estafa al país. Aquella exigencia disparatada junto con el ingreso irrestricto conducen a un conocido y terrible relajamiento de las pruebas de idoneidad, que hace que los pedidos de profesionales ya discriminen contra los egresados de algunas universidades. Su peligro catastrófico para el futuro nacional es bastante evidente: junto con la degradación de la escuela media generaremos una nación de ignorantes orgullosos de serlo.
En la Argentina, el acceso a la universidad es falsamente considerado un derecho y no un privilegio: debemos ser el único país del mundo en que el ingreso es irrestricto y libre, donde la oferta educativa no guarda relación con las necesidades de la sociedad que paga la cuenta, y donde se pretende que aún los posgrados sean gratuitos, después de que se disminuyera el nivel de grado hasta que aquéllos fuesen indispensables. Por supuesto es mentira el decir que eso facilita el acceso del “pueblo” a las aulas universitarias. Sólo estamos todos subvencionando a los hijos de los ricos, ya que los pobres ni llegan a completar la escuela secundaria.

El problema debe resolverse a otros niveles, que van desde el otorgamiento de becas a los estudiantes talentosos pero de pocos recursos hasta una reforma total de la educación secundaria, sus niveles, sus incumbencias y su actitud.

En los tiempos de la Noche de los Bastones Largos, en la muy politizada universidad se debatían acaloradamente temas como la implantación de la universidad en la sociedad; ahora parece que la universidad se ha transformado en uno más de los espacios negociables en función de la política nacional, además de que grupos estudiantiles muy minoritarios y no muy democráticos –ante la inexplicable pasividad de las mayorías– se han apoderado de ciertos resortes y desde allí se arrogan el derecho de impedir por la fuerza el normal funcionamiento de la universidad y de sus órganos de gobierno legales, por más que sea cierto que aquellas normas deberían reformarse.

Lo paradójico es que se trata de grupos sin representación en la población, pero que actúan en nombre de una “democracia real” que confunden con sus propias concepciones. Los ocasionales actos de provocación y violencia que se han producido en la UBA y en la UNC deben ser totalmente repudiados y sólo son funcionales a los retrógrados, al margen de su ideología.

Es posible que haya que reformar los estatutos y quebrar la inercia institucional y las camarillas, que emplean los recursos actuales del poder para evitar que se toque su poder. La cuestión es: por qué métodos se ha de lograr ese objetivo. El movimiento de 1918 tampoco fue enteramente legalista y fue una verdadera rebelión contra instituciones anquilosadas.

Pero tenía una legitimidad dada por su masividad. No es tolerable que un grupo minoritario impida físicamente el funcionamiento normal de las instituciones del gobierno de la universidad o aun que impida el funcionamiento de clases y exámenes mediante tomas, al abrigo de una mala interpretación de la autonomía universitaria. Esto es rebajar a ésta al nivel de una garantía de impunidad para perjudicar a la comunidad educativa de la universidad, y una estafa a toda la sociedad, que financia con sus impuestos que algunos de sus hijos tengan el privilegio de formarse con el mejor nivel académico posible. La Ley de Educación Superior puede desagradar a muchos, pero la Constitución prevé los mecanismos para cambiarla. Así como el Estatuto Universitario puede ser obsoleto, pero prevé el método para su propia modificación, que ahora se quiere imponer por la fuerza.

Lamentablemente, a pesar de que en todos lados aún hay grupos de excelencia que hacen cosas importantes y saben por qué las hacen, ésta no es la universidad destruida en 1966 ni la universidad reformista de 1918. Ni siquiera la reconstruida con idealismo en 1984.