Registrandote recibires correos con noticias, minutas y artículos de interes general y actualidad.





Acciones de Grupo. (Parte 1)



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en marzo 23, 2007

Acciones de Grupo. (Parte 1)

Acciones de Grupo.
Una Visión Trasnacional En La Tutela De Los Derechos e Intereses Colectivos


El sistema jurídico, entendido como herramienta eficaz dentro del marco de la protección de derechos e intereses colectivos, ha tenido una evolución y desarrollo realmente reciente en nuestro país; se podría decir que es a partir de la Constitución Política de 1991 que el concepto de derechos sociales ha ido tomando fuerza y ha permitido la entrada de múltiples instrumentos tendientes a darle efectividad y prioridad al grupo o comunidad como sujeto activo de derechos.

Es por lo anterior que instituciones jurídicas como las Acciones Populares y las Acciones de Grupo, fueron contempladas y elevadas a rango constitucional, debido a su especial característica de traspasar la protección de los intereses supraindividuales y otorgar una tutela efectiva a las cada vez más numerosas necesidades y reclamaciones de una pluralidad de sujetos, que han visto truncadas sus aspiraciones de justicia en un sistema pobre en eficiencia y eficacia.

Pese a algunos asomos legislativos que vislumbraban la aparición de esta clase de mecanismos de protección colectiva, tales como el Estatuto del Consumidor y la Ley 45 de 1990, éstos no tuvieron verdadera importancia sino hasta 1991, cuando, como parte del esquema de un estado social y democrático de derecho, los valores sociales adquirieron toda la relevancia posible dentro de un país sumido en la supremacía de los intereses clasistas; lo cual llevó a considerar que a aquellos detentadores de la posición dominante dentro del grupo social les asiste una responsabilidad frente a quienes de una u otra forma siempre han estado desprotegidos y carentes de toda vía legal para defender sus posiciones; es así como de forma paulatina se ha ido erigiendo la figura de la acción de grupo como principal herramienta de reparación e indemnización para aquel grupo, categoría o clase que viera vulnerados sus derechos.

Sin embargo, aunque estaban dadas las condiciones, consagrados los fines y los objetivos de la acción; dada su especialidad y relevancia, unido esto a la poca experiencia en la aplicación de esta clase de procedimientos, se hizo necesaria la espera de siete años más para establecer su desarrollo legislativo. Desarrollo éste que dio como resultado la Ley 472 de 1998, en la cual se reflejó un trabajo exhaustivo y riguroso, que tuvo como objetivo primordial la aplicación de los principios de celeridad y eficiencia, principios éstos que los mecanismos jurídicos existentes no proporcionaban a una comunidad sumida en la desprotección de sus intereses e insatisfacción de sus necesidades.

Al aparecer una nueva ley, y en este caso en particular una ley tendiente a hacer efectiva la protección de derechos sociales y grupales, no basta con la simple consagración taxativa del procedimiento a seguir, sino que surge la imperiosa necesidad de adecuar y acomodar la concepción, tanto de los operadores judiciales, como de los destinatarios del sistema jurídico, lo cual permite la unidad y armonía en la interpretación de las normas. Es precisamente este aspecto, y no el vacío legal, el que ha dado lugar a contradicciones y contraposiciones en la aplicación y el desarrollo procesal de la Acción de Grupo, las cuales pese a los esfuerzos de la doctrina y la jurisprudencia por superarlas, han llevado a que esta acción no tenga un reiterado y adecuado uso por parte de la comunidad, pues ante la demora y la traba – por aspectos puntuales como lo son la admisión de la demanda debido a la integración del grupo, el requisito de existencia previa del mismo, las condiciones de causalidad del daño y la figura del abogado coordinador – se ha generado una concepción de poca efectividad de la acción respecto a la tutela de esta clase de derechos.

Actualmente por la imposibilidad física y presupuestal ha sido difícil poner en funcionamiento los Juzgados Administrativos por lo cual los Tribunales Superiores de Distrito Judicial se encuentran sobresaturados en su capacidad de conocimiento, pues no sólo están conociendo de los asuntos que son propios de su competencia, sino que además deben conocer de los asuntos que son competencia de los Jueces Administrativos. Ello lleva a que no sólo los procesos de las Acciones de Grupo sino cualquier tipo de procesos llevados ante estos despachos sean demorados y tediosos para las partes.

Sin embargo, existen otros factores que han dificultado el ejercicio de las Acciones de Grupo, en un primer momento un gran reto por afrontar fue la divulgación y promoción de la existencia de este instituto jurídico, ya que después de la expedición de la Carta Constitucional de 1991 no se desarrolló inmediatamente la ley, debió esperarse varios años para la expedición de la norma que reguló las Acciones Populares y de Grupo; en este periodo de tiempo el manejo que se dio a las acciones dependió de la analogía, por lo que se tramitaron de acuerdo al desarrollo normativo que tenía la acción popular en el Código Civil; no obstante el número de éstas no fue muy alto, pues aún se seguía prefiriendo – en el caso de las Acciones de Grupo específicamente hablando – el uso de la acción de reparación directa, preferencia que se aumentaba por situaciones como la escogencia del abogado, ya que para las personas era mucho mejor contar con un abogado en quien confiaban la defensa individual de su derecho, que con el abogado que representaba los derechos de todo el grupo de afectados.

Expedida la Ley 472 y conocida por los juristas se inició un apogeo en el ejercicio de las Acciones Populares, cosa que no ocurrió con las Acciones de Grupo; sin embargo, ello no duró mucho porque rápidamente se creó una conciencia que determinó el ejercicio de la acción con fines eminentemente lucrativos para los apoderados de los afectados. Fue así que se observó un gran número de casos donde se ejercieron Acciones Populares no en pro de la defensa de derechos colectivos sino con el objeto de obtener los incentivos que la norma establecía para los accionantes, lo cual deslegitimó la figura y paralelamente llevó a crear desconfianza en el ejercicio de la Acciones de Grupo, por llevar ello a la errónea idea de que con estas el abogado se beneficiaba más de lo normal.

Otro problema por afrontar fue el creado por la teoría de la preexistencia del grupo(1), estableciendo como un requisito de procedibilidad la existencia de un grupo determinado anterior a la ocurrencia del daño(2). Esta exigencia, producto de una inadecuada aplicación del principio del efecto útil, llevó a exigir la existencia de un grupo preestablecido para el ejercicio de la acción y no la determinación del grupo, como lo establece la ley, por lo que muchas Acciones de Grupo fueron inadmitidas por una supuesta integración indebida del grupo de afectados.

No cumpliendo el proceso de la acción de grupo con los fines para los que fue diseñado ¿Cuáles pueden ser las opciones para que dichos fines se cumplan? Lo primero que se puede pensar es que se hace necesaria una reforma legislativa que diseñe un nuevo proceso, pero ello es continuar con la filosofía positivista de considerar a la ley como un ente que todo lo puede, lo cual es en nuestro país una cultura, sin embargo es menester realizar un análisis un poco más profundo puesto que es mejor perfeccionar el instituto existente que desarrollar uno completamente nuevo.

En esta tarea cobra gran importancia y relevancia la influencia del Derecho Transnacional Iberoamericano, gracias a la tendencia unificadora de los sistemas jurídicos de los Estados, especialmente de aquellos con culturas jurídicas afines, los cuales, en pro de la defensa y protección de los derechos de los pueblos y de las comunidades, han generado la creación de modelos jurídicos trasnacionales que tienen como fin principal un real y efectivo acceso a la justicia, con normas que redunden en la descongestión de la misma y establezcan un mayor acercamiento e integración nacional.

Es así como dentro de este marco de globalización jurídica surge el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, que busca resaltar la importancia de aquellos derechos colectivos y la necesidad de lograr su efectiva protección a través de un procedimiento más expedito, más garantista, y sobre todo más eficaz en la tutela de los intereses grupales; aunque, como su mismo nombre lo indica, este código es tan sólo un modelo a seguir por los distintos Estados y en ningún momento una camisa de fuerza que implique un cambio total en las respectivas legislaciones nacionales; por el contrario vale la pena su estudio con el propósito y el objetivo de complementar lo ya existente y aún más, de mejorarlo, acogiendo aquellos puntos que contribuyan a solucionar los errores e inconvenientes que nuestro sistema acarrea, siempre en beneficio de una justicia material pronta y eficaz.

El objeto preciso de dicho Código no sólo es el de aportar principios, sino también el de ser una guía para atraer de cierta manera las reformas, para así cultivar una homogeneidad dentro de la defensa de los intereses y derechos transindividuales, intereses difusos y dirigidos a la tutela de necesidades colectivas, en países de cultura jurídica común. Como su nombre lo señala, éste es sólo una pauta indicadora, la cual es receptora de la adaptación legislativa que desee hacer cada Estado de acuerdo a sus exigencias y necesidades.

Es importante destacar que este Código Modelo, es cuidadoso respecto a las consagraciones legales y constitucionales actuales en los Estados que integran Iberoamérica, por eso, en cierta forma, se une a éstas reglas para a su vez perfeccionar y complementar el sistema jurídico con el propósito de convertir un proceso individualista en un proceso social, como está plasmado en la motivación de dicho Código.

En Colombia el artículo 88 de la Constitución Política consagra las Acciones Populares y de Grupo; éstas son desarrolladas mediante la Ley 472 de 1998. Concretamente las Acciones de Grupo se han estimado con un carácter reparativo(3), con unos objetivos claros(4) tales como: economía procesal, efectividad del derecho a la igualdad(5), beneficio también para el demandado al atender un solo proceso y no múltiples. En sí, es un medio para que la administración de justicia sea pronta y efectiva(6).

Las Acciones de Grupo respecto a los Derechos Colectivos no buscan proteger únicamente derechos constitucionales fundamentales(7), ni derechos colectivos de forma exclusiva, sino que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre – a diferencia de las Acciones Populares – la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante el Juez. Se pretende reivindicar un interés personal, cuyo objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción.

De esta manera un derecho colectivo puede ser protegido por la vía de la acción de grupo, siempre y cuando los intereses derivados de su vulneración sean de aquellos que pueden ser reclamados por este mecanismo procesal, es decir, siempre que se trate de intereses particulares de contenido patrimonial indemnizatorio.

Notas bibliograficas




(1)Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia AG 017, febrero 2 de 2001.
(2)Afortunadamente el Consejo de Estado replanteó su posición después de que la corte constitucional en sentencia C 569 de 2004 oriento sobre la interpretación que se debía dar al Art. 46 de la ley 472 y donde planteo su posición sobre este punto.
(3)Artículo 3º Ley 472 de 1998
(4)AG- 17001233100020020079-01 de 20 de Junio de 2002. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
(5)Con una sóla decisión frente a multitud de controversias, se evitan fallos contradictorios.
(6)AG- 850012331000200301158-01 de 1 de Abril de 2004. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(7)Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999