El 5 de julio de 2009 Ramón Custodio, el comisionado de Derechos Humanos de Honduras, asegura que en ese país no hay presos políticos y le enfatiza a la prensa en varias alocuciones que Honduras no tiene un solo detenido político, que la única persona con orden de captura en este sentido era el presidente derrocado Manuel Zelaya y que éste, en caso de aparecer en territorio hondureño recibiría todas las garantías y el debido proceso que establece la ley.

Lo extraño es que para el 14 de agosto del mismo año, un mes después de lo dicho por Ramón Custodio, la cifra de presos políticos asciende a 24, entre los que se cuentan hombres y mujeres. Todo esto durante el gobierno facto hondureño de Roberto Micheletti, quien pese a no ser reconocido por ningún país, gestiona casi normalmente los asuntos de la nación un mes y medio después del golpe de Estado del 28 de junio en el que fue destituido Zelaya.

Según la resistencia hondureña varios de sus miembros han desaparecido y se les ha aplicado prisión preventiva a personas que no tenían dinero. Las 24 personas que fueron detenidas se encontraban el 12 de agosto de 2009 protestando pacíficamente contra el gobierno golpista y represor de Roberto Micheletti,

Pero la noche del 13 de agosto de 2009, luego de ser brutalmente golpeados y heridos de gravedad por los miembros de los órganos de represión del Estado golpista, se convirtieron en los primeros presos políticos del “gobierno” de Micheletti.

Posteriormente, sin ser transferidos al ministerio público, estos 24 hombres y mujeres fueron acusados de daño a la propiedad privada y pública, robo y sedición, entre otros cargos, mediante una audiencia ilegal según lo informó el Frente Nacional contra el Golpe de Estado.

Pese a que a una persona ya anciana que estaba dentro del grupo le dieron la casa por cárcel, y a tres menores de edad les dejaron en libertad, todos y cada uno fueron victimas de las atrocidades durante su captura y continúan siendo procesados. Incluso quedaron en prisión preventiva algunas personas que debían ser puestas en libertad, por el hecho de no demostrar que poseían bienes materiales.

La ilegalidad de la audiencia también se argumenta en que los 24 hombres y mujeres presas estuvieron detenidos por más de 24 horas en una Jefatura Metropolitana de la Policía Nacional, sin ser transferidos al Ministerio Público, como lo ordena la ley.

Según algunos informes de prensa, desde el golpe de estado del 28 de junio de 2009, en Honduras han muerto más de cuatro personas en hechos políticos violentos, cuando se manifestaban contra el actual gobernante, quien ha recibido denuncias en repetidas ocasiones por parte de los Organismos de Derechos Humanos.

El facto Micheletti es rechazado por la comunidad internacional, pues la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y el Mercosur no han dejado de reclamar la restitución de Zelaya. El anterior gobernador también es apoyado y solicitado de vuelta por miles de manifestantes de la capital, que pese a la represión policial, diariamente marchan exigiendo que éste sea restituido al país y al gobierno.