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DECRETO 1127 DE JUNIO 1 DE 1994



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en enero 19, 2007

DECRETO 1127 DE JUNIO 1 DE 1994

Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,



En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 100 de 1.993,



ARTÍCULO 25 DE LA LEY 100 DE 1.993. Créase el fondo de solidaridad pensional, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley. PARAGRAFO: El Gobierno Nacional reglamentará la administración, el funcionamiento y la destinación de los recursos del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. El fondo de solidaridad pensional contará con un consejo asesor integrado por representantes de los medios de la producción, las centrales obreras y la confederación de pensionados, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Este consejo deberá ser oído previamente, sin carácter vinculante, por el Consejo Nacional de Política Social para la determinación del plan anual de extensión de cobertura a que se refiere el artículo 28 de la presente ley.



DECRETA:



CAPITULO I

DEL OBJETO Y PLAN DE COBERTURA



ARTICULO 1. FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL.

El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo objeto es subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes, del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte.



ARTICULO 2. PLAN DE COBERTURA.

Anualmente el Consejo Nacional de Política Social, diseñará el plan de extensión de cobertura, estableciendo los grupos de la población rural y urbana que se beneficien de los subsidios a que se refiere el presente capítulo, el monto máximo de los mismos, el tiempo por el cual serán otorgados, las modalidades en que será concedido, las cuales podrán ser diferenciales de acuerdo con la condición sociolaboral del beneficiario o sus expectativas de ingresos futuros.

PARAGRAFO: El plan deberá adoptarse con antelación suficiente para su incorporación en la vigencia presupuestal del año siguiente.



CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACION



ARTICULO 3. ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 100 de 1.993, los recursos del fondo de solidaridad pensional sólo podrán ser administrados por sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantías del sector social solidario.

En todo caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá elegir una o varias de las entidades autorizadas que le presenten propuestas mediante el proceso de contratación autorizado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1.993.

ARTÍCULO 32 DE LA LEY 80 DE 1.993. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 1. CONTRATO DE OBRA. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 2. CONTRATO DE CONSULTORIA. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 3. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 4. CONTRATO DE CONCESION. Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 5. ENCARGOS FIDUCIARIOS Y FIDUCIA PUBLICA. Las entidades estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública, cuando así lo autorice la ley, la asamblea departamental o el concejo municipal, según el caso. Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de esta ley. Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. En ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados. Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación de esta ley hayan sido suscritos por las entidades estatales, continuarán vigentes en los términos convenidos con las sociedades fiduciarias. La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea pública o privada, se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en esta ley. Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública o encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas previstas en este estatuto, así como con las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fiduciarias corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y del control posterior que deben realizar la Contraloría General de la República y las contralorías departamentales, distritales y municipales sobre la administración de los recursos públicos por tales sociedades, las entidades estatales ejercerán un control sobre la actuación de la sociedad fiduciaria en desarrollo de los encargos fiduciarios o contratos de fiducia, de acuerdo con la Constitución Política y las normas vigentes sobre la materia. La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del gasto. A la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley. So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fiducia o subcontratos en contravención del artículo 355 de la Constitución Política. Si tal evento se diese, la entidad fideicomitente deberá repetir contra la persona, natural o jurídica, adjudicataria del respectivo contrato. PARAGRAFO 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. PARAGRAFO 2°. Las personas interesadas en celebrar contratos de concesión para la construcción de una obra pública, podrán presentar oferta en tal sentido a la respectiva entidad estatal en la que se incluirá, como mínimo, la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera y la evaluación de su impacto ambiental. Presentada la oferta, la entidad estatal destinataria de la misma la estudiará en el término máximo de tres (3) meses y si encuentra que el proyecto no es viable así se lo comunicará por escrito al interesado. En caso contrario, expedirá una resolución mediante la cual ordenará la apertura de la licitación, previo cumplimiento de lo previsto en los numerales 2° y 3° del artículo 30 de esta ley. Cuando además de la propuesta del oferente inicial, se presente como mínimo una propuesta alternativa, la entidad estatal dará cumplimiento al procedimiento de selección objetiva previsto en el citado artículo 30. Si dentro del plazo de la licitación no se presenta otra propuesta, la entidad estatal adjudicará el contrato al oferente inicial en el término señalado en el respectivo pliego, siempre que cumpla plenamente con los requisitos exigidos en el mismo. Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con otra u otras personas naturales o jurídicas cuyo concurso consideren indispensable para la cabal ejecución del contrato de concesión en sus diferentes aspectos. Para tal efecto, indicarán con precisión si pretenden organizarse como consorcio, unión temporal, sociedad o bajo cualquier otra modalidad de asociación que consideren conveniente. En estos casos deberán adjuntar a la propuesta un documento en el que los interesados expresen claramente su intención de formar parte de la asociación propuesta. Así mismo deberán presentar los documentos que acrediten los requisitos exigidos por la entidad estatal en el pliego de condiciones. Cuando se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este parágrafo, el documento de intención consistirá en una promesa de contrato de sociedad cuyo perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el contrato se le adjudique. Una vez expedida la resolución de adjudicación y constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de concesión se celebrará con su representante legal.



ARTICULO 4. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL.

Las entidades administradoras de los recursos del fondo de solidaridad pensional deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que le corresponda cumplir en desarrollo del respectivo contrato:

a) Identificar a los beneficiarios del fondo y transferirles el subsidio a través de las administradoras del sistema general de pensiones de que trata el artículo 26 de la Ley 100 de 1.993, conforme a las disposiciones legales vigentes y a lo señalado anualmente por el Consejo Nacional de Política Social;

b) Disponer de una infraesctructura operativa y técnica adecuada y suficiente para cumplir con la administración apropiada de los recursos confiados y de las actividades que se deriven del contrato correspondiente;

c) Contar con un adecuado sistema de información permanente de los beneficiarios y servicios del fondo de solidaridad pensional, y personal capacitado en las oficinas de la sociedad administradora o en las redes de establecimientos de crédito que contrate;

d) Llevar contabilidad independiente, de manera que pueda identificarse en cualquier tiempo si un determinado bien, activo u operación corresponde al fondo, o a los demás bienes, activos u operaciones de la entidad administradora;

e) Conservar actualizada y en orden la información y documentación relativa a las operaciones realizadas con los recursos del fondo de solidaridad pensional, y en particular de los beneficiarios del subsidio;

f) Establecer mecanismos idóneos para verificar que los recursos del fondo se destinen a beneficiarios que cumplan las condiciones o requisitos que haya establecido anualmente el Consejo Nacional de Política Social;

g) Cooperar con el Gobierno Nacional en la obtención de información que sirva como base de la determinación del plan anual de cobertura. Para el efecto, podrá entre otras, solicitar al ISS, cajas, fondos o entidades de previsión o de seguridad social del sector público que no sean liquidadas y a las sociedades administradoras de fondos de pensiones, la información sobre grupos de afiliados según niveles de ingreso y actividad económica, y

h) Rendir la información y las cuentas que le requiera el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Superintendencia Bancaria o el comité directivo del fondo de solidaridad pensional, de manera tal que pueda acceder a ella permanentemente este ministerio por ser de propiedad suya.

ARTÍCULO 26 DE LA LEY 100 DE 1.993. El fondo de solidaridad pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador, o de este último en caso de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización. El Gobierno Nacional reglamentará la proporción del subsidio de que trata este inciso. Los beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero en el evento de seleccionar esta última opción, sólo podrán afiliarse a fondos que administren las sociedades administradoras que pertenezcan al sector social solidario, siempre y cuando su rentabilidad real sea por lo menos igual al promedio de los demás fondos de pensiones de conformidad con lo establecido en la presente ley. Para hacerse acreedor al subsidio el trabajador deberá acreditar su condición de afiliado del régimen general de seguridad social en salud, y pagar la porción del aporte que allí le corresponda. Estos subsidios se otorgan a partir del 1 de Enero de 1.995. PARAGRAFO: No podrán ser beneficiarios de este subsidio los trabajadores que tengan una cuenta de ahorro pensional voluntario de que trata la presente ley, ni aquéllos a quienes se les compruebe que pueden pagar la totalidad del aporte.



ARTICULO 5. COMITE DIRECTIVO.

Para el manejo de la cuenta del fondo de solidaridad pensional se creará un comité directivo que velará por el buen funcionamiento del fondo y por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 100 de 1.993, las normas y los decretos que la reglamentan y las decisiones del Consejo Nacional de Política Social. Dicho comité estará conformado así:

1. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado.

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

3. Un consejero presidencia.

4. El Director del Instituto de Seguros Sociales.

5. Un representante de las sociedades administradoras de fondos de pensiones, escogido por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de terna presentada por el gremio que reúna el mayor número de afiliados.



CAPITULO III

DE LOS RECURSOS Y DEL RECAUDO



ARTICULO 6. RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL.

Las fuentes de recursos del fondo de solidaridad pensional son las definidas en los artículos 27 y 30 de la Ley 100 de 1.993, a saber:

a) La cotización adicional del 1% sobre el salario a cargo de los afiliados del régimen general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) Los aportes del presupuesto nacional, que no podrán ser inferiores a los obtenidos anualmente por concepto de las cotizaciones adicionales a las que se refiere el literal anterior, y que se liquidarán con base en lo reportado en el fondo en la vigencia inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE;

c) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados;

d) Las multas a las que se refieren los artículos 111 y 271 de la Ley 100 de 1.993;

e) Los aportes del presupuesto nacional de que trata la Ley 11 de 1.988, para el subsidio de los trabajadores de servicio doméstico, y

f) Las donaciones, los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título.

ARTÍCULO 27 DE LA LEY 100 DE 1.993. El fondo de solidaridad pensional tendrá las siguientes fuentes de recursos: a) La cotización adicional del 1% sobre el salario, a cargo de los afiliados al régimen general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes; b) Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los obtenidos anualmente por concepto de las cotizaciones adicionales a que se refiere el literal anterior, y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice del precios al consumidos, certificado por el DANE; c) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados; d) Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título, y e) Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la presente ley. PARAGRAFO: Anualmente, en el presupuesto general de la Nación, se incluirá la partida correspondiente a los aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al fondo.

ARTÍCULO 30 DE LA LEY 100 DE 1.993. Los aportes del presupuesto nacional de que trata la Ley 11 de 1.988, para el subsidio en los aportes de los trabajadores del servicio doméstico, se girarán al fondo de solidaridad, en cuentas separadas, para que éste traslade el subsidio correspondiente a la entidad que haya seleccionado el trabajador.

ARTÍCULO 111 DE LA LEY 0100 DE 1.993, establece: Sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que puede imponer la superintendencia en desarrollo de sus facultades legales, cuando las administradoras incurran en defectos respecto de los niveles adecuados de patrimonio exigidos, la Superintendencia Bancaria impondrá, por cada incumplimiento, una multa en favor del fondo de solidaridad pensional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del defecto mensual, sin exceder, respecto de cada incumplimiento, del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto requerido para dar cumplimiento a tal relación. Así mismo, cuando el monto correspondiente a la reserva de estabilización sea inferior al mínimo establecido, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa en favor del fondo de solidaridad pensional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del defecto mensual presentado por la respectiva administradora. En adición a lo previsto en los incisos anteriores, la Superintendencia Bancaria impartirá todas las órdenes que resulten pertinentes para el inmediato restablecimiento de los niveles adecuados de patrimonio o de la reserva de estabilización, según corresponda.

ARTÍCULO 271 DE LA LEY 100 DE 1.993. El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por la autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al fondo de solidaridad pensional o a la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad y garantía del sistema general de seguridad social en salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.



ARTICULO 7. RECAUDO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LAS ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.

Las administradoras de pensiones a que se refiere el artículo 6 de Decreto 692 de 1.994 recaudarán, en los plazos que señala dicho decreto, los recursos del fondo de solidaridad pensional obtenidos por la cotización adicional del 1% sobre el salario, a cargo de los afiliados al régimen general de pensiones y de sus propios trabajadores y empleados cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los recursos de que trata el inciso anterior deberán manejarse en cuenta independiente, por parte de la administradora de pensiones.

Mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social selecciona las entidades a las cuales deberán transferirse los recursos destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, las administradoras de fondos de pensiones deberán remitir dichos recursos dentro de los diez días siguientes a los plazos establecidos para la recaudación, a una cuenta de este ministerio, para tal efecto.



ARTICULO 8. RECAUDO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES QUE CUENTAN CON REGIMENES ESPECIALES.

Los recursos obtenidos por la cotización adicional del 1% sobre el salario de los miembros de las fuerzas militares y de Policía Nacional, el personal regido por el Decreto 1214 de 1.990, los afiliados al fondo nacional de prestaciones del magisterio, y los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, así mismo como de los servidores públicos de los niveles departamental, municipal y distrital, mientras no estén afiliados al sistema general de pensiones, cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes serán recaudados por las entidades a las cuales están vinculados laboralmente.

Los recursos a que se refiere el inciso anterior serán transferidos dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, a la entidad que administre los recursos del fondo de solidaridad pensional.

Mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social selecciona la administradora de los recursos del fondo, las entidades nombradas en el inciso 1 del presente artículo, deberán remitir dichos aportes en el plazo señalado, a una cuenta de este ministerio, para tal efecto.



ARTICULO 9. RECAUDO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL.

La entidad que administre el fondo de solidaridad pensional recaudará los recursos aportados por el presupuesto nacional, los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura y de asociaciones o federaciones para sus afiliados y por las donaciones y multas a los que se refiere el artículo 27 de la Ley 100 de 1.993 y los recursos a que se refieren los artículos 7 y 8 del presente decreto.

Los recursos obtenidos por las multas previstas en el artículo 111 de la Ley 100 de 1.993 deben ser girados a la entidad que administre el fondo de solidaridad pensional por parte de las administradoras de fondos de pensiones, en un plazo no superior a diez (10) días a partir del momento en que quede ejecutoriada la sanción impuesta por la Superintendencia Bancaria.

Los recursos provenientes de las sanciones a que se refiere el artículo 271 de la Ley 100 de 1.993, serán girados a la entidad que administre el fondo de solidaridad pensional por parte del sancionado, en un plazo no superior a diez (10) días desde el momento en que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social así se lo notifique.



PARAGRAFO: El cobro coactivo corresponde efectuarlo a la entidad competente para sancionar.



ARTICULO 10. INTERESES MORATORIOS.

Vencido el término establecido en el artículo anterior, sin que se hayan efectuado los aportes respectivos, o cuando se hayan realizado por un monto inferior, se empezarán a causar intereses moratorios iguales a los que rigen sobre la renta y complementarios a cargo de las administradoras de los dos regímenes, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la Superintendencia Bancaria a dicha entidades por el incumplimiento de esta obligación legal, en beneficio del fondo.



ARTICULO 11. AUSENCIA DE INSINUACION.

Las donaciones que hagan al fondo de solidaridad pensional las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, no requerirán del procedimiento de insinuación, en los casos que así lo establezca la ley.



ARTICULO 12. DEVOLUCION DEL SUBSIDIO.

La entidad administradora del fondo de solidaridad pensional deberá presentar mensualmente un informe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la evolución de la cuenta de los afiliados subsidiados, con el fin de controlar y hacer exigibles las devoluciones de los aportes subsidiados con sus respectivos rendimientos financieros, a que se refiere el artículo 29 de la Ley 100 de 1.993, cuando se presenten las circunstancias previstas en el primer inciso del artículo citado.

La devolución deberá efectuarse dentro de un plazo no superior de treinta (30) días calendario.

ARTÍCULO 29 DE LA LEY 0100 DE 1.993. Cuando el afiliado que haya recibido subsidios del fondo de solidaridad pensional exceda de los sesenta y cinco (65) años de edad y no cumpla con los requisitos mínimos para acceder a una pensión de vejez, la entidad administradora respectiva devolverá el monto de los aportes subsidiados con los correspondientes rendimientos financieros a dicho fondo. Las entidades administradoras deberán llevar cuentas separadas de los aportes recibidos del fondo y establecerán los mecanismos de seguimiento de los beneficiarios.



CAPITULO IV

CONSEJO ASESOR DEL FONDO



ARTICULO 13. CONSEJO ASESOR.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 100 de 1.993 el fondo de solidaridad pensional contará con un consejo asesor y éste estará conformado por:



a) Tres representantes de los gremios de la producción así:

1. Un delegado de las asociaciones de microempresarios, legalmente constituídos.

2. Un delegado de las cooperativas de producción y trabajo.

3. Un delegado de las empresas comunitarias agropecuarias.



b) Dos representantes de las centrales obreras, y



c) Un representante de la confederación de pensionados.

Los miembros del consejo serán elegidos para períodos de dos años, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de los candidatos enviados por las agremiaciones o asociaciones.



ARTICULO 14. FUNCIONES DEL CONSEJO.

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presentarán a consideración del consejo asesor, el plan anual de extensión de cobertura a fin de que éste emita su concepto previo no vinculante, con destino al Conpes.



ARTICULO 15. VIGENCIA.

El presente decreto rige a partir de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

DADO EN SANTAFE DE BOGOTA, D.C. A 1 DE JUNIO DE 1.994.