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Se acerca la definición sobre la publicidad oficial



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en julio 25, 2006

Se acerca la definición sobre la publicidad oficial

La Corte Suprema resolvería antes de fin de año el amparo del diario Río Negro contra el gobernador Sobisch. Esto tendrá un claro impacto en los planteos judiciales de similar contenido que periodistas y editoriales han presentado contra el gobierno nacional.

El tema volvió a ser planteado ayer por el periodista Adrián Ventura, del diario porteño "La Nación", apenas días después de que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se presentó como "amicus curiae" en la causa iniciada por Editorial Perfil y otros contra la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la que acusan de discriminarlos al privarlos de publicidad oficial como castigo por el contenido periodístico crítico hacia el gobierno nacional.

"Río Negro" presentó ante la Corte Suprema un amparo en enero del 2003 contra el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, luego de que esa administración le retirara la pauta publicitaria días después de la publicación de un informe sobre una cámara oculta que involucraba al mandatario neuquino en un presunto intento de coima a un legislador. Actualmente, ese expediente se encuentra en la Procuración General a fin de que el titular de ese cuerpo, Esteban Righi, emita su dictamen.

El otro amparo, presentado por Editorial Perfil y otros periodistas y medios, fue presentado en un juzgado de primera instancia. La presentación ante la Corte efectuada por "Río Negro" obedeció a que es competencia originaria de ese tribunal todo conflicto suscitado entre provincias o entre una provincia y un ciudadano de otra. Hasta el momento, la jurisprudencia de la Corte en materia de publicidad oficial -como recordó el periodista Adrián Ventura- se limita al caso Emisiones Platenses, en el cual el medio se quejaba de no tener publicidad oficial.

En aquel momento, la Corte rechazó el planteo por entender que el gobierno tiene prohibido crear obstáculos para la libertad de prensa, pero no está obligado a distribuir la publicidad con determinado criterio, argumentando que no se había probado que la quita obedeciera a un castigo vinculado con el contenido de la publicación. El voto en disidencia de Gustavo Bossert, Enrique Petracchi y Carlos Fayt sostuvo en forma explícita que "el retiro de publicidad oficial con motivos persecutorios podría atentar contra la libertad de expresión".

Esto, y la paradoja de que Sobisch y Kirchner sean rivales políticos pero ambos estén acusados de la mísma práctica persecutoria frente a los medios de comunicación que les resultan críticos o, al menos, no complacientes, hace crecer la expectativa por la resolución que adoptará la Corte en el caso "Río Negro", que tiene ya tres años de espera en ese tribunal.

La ADC se había presentado también con un escrito de "amicus curiae" en el litigio planteado por el "Río Negro". El que presentó ahora en el caso Perfil abunda en similares consideraciones y agrega otras. Parte de señalar que la publicidad oficial, por ser un acto de gobierno, debe estar regida por el principio de legalidad que rige para todo el ordenamiento jurídico. Añade que no es válido que el Poder Legislativo delegue en el Ejecutivo atribuciones que la Constitución le otorga y, como resultado de ello, concluye que el exceso reglamentario y la ausencia de normas claras en el otorgamiento de la publicidad oficial generan el sometimiento de los medios de comunicación al accionar completamente discrecional del Poder Ejecutivo.

Por último, indica que -si bien no hay leyes que regulen la asignación de publicidad oficial- el modo en que hoy se realiza resulta contraria al derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", además de la numerosa jurisprudencia en igual sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea.

Alude también al informe "Una censura sutil: abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina" que analizó la asignación abusiva de publicidad oficial en el ámbito nacional y en cuatro provincias.