El Estado social y democrático de derecho establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, pertenece al modelo de Estado de mayor actualidad a nivel mundial y en el que se encuentran tres de las más relevantes perspectivas ideológicas: el Liberalismo, la Democracia Clásica y el Socialismo y su primera manifestación se halla en la organización y funcionamiento de los municipios. Para los liberales lo principal es restringir la participación del Estado Social de Derecho en el disfrute de los derechos y libertades individuales, en especial en la apariencia económica, por ello se determinan como limites la separación de poderes, el proceso democrático de intervención representativa y el control constitucional, siendo valorado el derecho a la igualdad como básicamente formal, lo que significa, estar en igualdad de condiciones frente a la protección legal de las libertades; la tradición democrática se integra en el principio de la soberanía popular y las determinaciones de la gran mayoría para la conformación del poder político, a través de un procedimiento que incluya la participación e igualdad  factible; por su lado los socialistas defienden y luchan por una justicia material mínima como compromiso del Estado, en donde de forma democrática todos los ciudadanos contribuyan al bienestar general y reciban de la sociedad lo materialmente indispensable para vivir.

Los poderes públicos en este modelo de Estado participan de manera concertada en la sociedad, buscando asegurar el ejercicio material y eficiente de los derechos, sin embargo el gobierno obtiene gran presencia debido a que ostenta el compromiso administrativo de brindar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, enfrentando de manera creciente la propuesta legislativa o de reforma constitucional y exigiendo progresivos recursos fiscales y humanos, así como constituyendo equipos de funcionarios más especializados; de la misma forma, se abren espacios de mayor participación y de inclusión en las discusiones, aprobaciones y evaluaciones de las políticas publicas. Sin embargo con el propósito de evitar abusos en el ejercicio del poder se determinan el control social como manifestación de la democracia participativa, y los de legalidad y constitucionalidad, asegurando la observación de los principios fundamentales y de los valores materiales estipulados por la Constitución, en todo comportamiento público y en el contenido de las normas; frente a lo anterior, se ha analizado la extensión en el campo de las competencias procedentes de los jueces, debido a que es su labor de aplicación material de la normatividad actual y la abolición de una ley inconstitucional acceden en el área de legislar, comenzando a afectar la seguridad jurídica por la aplicación de argumentos de igualdad, solidaridad o distinción positiva (protección de derechos a minorías), o la justicia material por un seguimiento fuerte al principio de legalidad.  Para ampliar esta información de te invitamos a leer sobre qué significa Estado Social de Derecho en Colombia.
 
Por esta razón, es pertinente no olvidar que todo funcionario público posee compromisos para la defensa y promoción de los derechos humanos y debe realizar de manera fiel en la actuación de sus funciones el principio de legalidad, respetar y seguir las determinaciones de las mayorías, así como luchar por la obtención de la justicia material, posibilitando a los menos favorecidos y a las minorías conseguir los mínimos vitales de presencia asimismo de la sencilla identificación formal de sus derechos. Es importante tener en claro no obstante, que la Ley no representa la exclusiva fuente de legitimación del Estado por ser de Derecho, porque en un Estado social y democrático, el ordenamiento jurídico está establecido por una agrupación de valores sociopolíticos actuales para las sociedades de nuestro tiempo, o como lo estipula el articulo 1 de la Constitución Política: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general”, lo que lo caracteriza de este modo en una forma en el contenido axiológico de un Estado responsable de la defensa y promoción de los derechos humanos, pilares indispensables del mundo en la actualidad.

Por otro lado se encuentran los derechos básicos de cualidad individual como la libertad, la propiedad privada, la seguridad jurídica o la participación democrática, bajo la definición social del Estado éstos reciben una reciente formulación y se adicionan otros de condición colectiva y socio-económica, provenientes de la función del Estado de asegurar la presencia material de la sociedad y la vida digna de sus ciudadanos, en donde la libertad política se comprende como factible solo a través de la libertad de la sumisión económica, a la propiedad se le destina una función social y las entidades políticas se proponen como tarea la elaboración eficaz de la justicia material.