LA tregua permanente de ETA -de una credibilidad muy superior a las anteriores- abre el inicio de una cadena de medidas, de decisiones políticas judiciales y sociales dirigidas no ya solo a una estabilización de la tregua sino a la desaparición total de ETA con todas sus armas (nunca mejor dicho) y bagajes.

Desde esta perspectiva finalista, hay que distinguir distintos conjuntos de medidas y ver cual es la relación de cada uno de ellos con ese deseado proceso de disolución definitiva de ETA y cual manifiestamente no.

El primero es directamente político y hace referencia al nuevo escenario de diálogo y eventual acuerdo político que se va a comenzar en el País Vasco. Tal proceso, que se debería iniciar con una Mesa de todos los partidos, debería finalizar en un nuevo Estatuto/Pacto para Euskadi. Tal como, al parecer, ha sido diseñada la tregua, este proceso político no debe ser ni conectado ni condicionado a las negociaciones que, dirigidas a su disolución, se lleven a cabo con ETA. Ni debe ni puede ser conectado por responder a situaciones diferentes.

El segundo conjunto de medidas, indirectamente políticas, sí está conectado con el futuro de ETA. La legalización de Batasuna y la desactivación de procesos judiciales dirigidos contra sus dirigentes y contra el supuesto entorno social y cultural de ETA (el tristemente famoso macro proceso 18/98, entre otros).

El tercer conjunto de medidas, directamente conectadas con el proceso de desaparición de ETA hace referencia a los presos y exiliados. Sobre como establecer medidas dirigidas hacia una progresiva excarcelación de los presos de ETA al ritmo que ETA vaya demostrando, ahora, su voluntad de inactividad y, más adelante, con actos dirigidos a su disolución.

Finalmente, a diferencia de lo que ocurrió con las víctimas del franquismo, no debemos olvidar a las víctimas de este periodo, a todas ellas. Así, estas medidas dirigidas al favorecimiento de la situación de los presos y muy en concreto las encaminadas a su liberación, así como de los exiliados, deberían acompasarse al proceso de reconocimiento de las víctimas de ETA, en el que tendría que tener un papel muy destacado la propia ETA.

Es un camino dificultoso y lleno de obstáculos, en el que todos los partidos y agentes sociales deberán estar a la altura de las circunstancias y de la responsabilidad en que incurren.