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Rechaza gobierno boliviano negociación con empresa ilegal



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en abril 21, 2006

Rechaza gobierno boliviano negociación con empresa ilegal

La Paz, 20 abr (PL) El gobierno boliviano rechazó hoy la posibilidad de negociar con la empresa brasileña EBX, ilegalmente instalada en la zona fronteriza con ese país y repudiada por indígenas, ambientalistas y otros sectores.

El vicepresidente, Alvaro García, advirtió hoy que el gobierno no cederá a las presiones en favor de la compañía, que pretende procesar hierro en la zona de Puerto Suárez, limítrofe con Brasil, con carbón vegetal, lo que atenta contra la legislación ambiental.

La compañía se estableció en forma ilegal en un punto ubicado dentro de la franja de 50 kilómetros adyacentes a una frontera, donde la Constitución prohibe se instalen empresas extranjeras, y hoy publicó un comunicado en el que pide dialogar con el gobierno.

García señaló que EBX "es ilegal, es inconstitucional y tiene que atenerse a las consecuencias", las que serán su expulsión del país, según declaró ayer el presidente Evo Morales.

"Sobre ese tema no hay negociación, a pesar de las amenazas de movilizaciones, porque se trata de nuestra soberanía", sentenció el también presidente del Congreso, ante presiones de organizaciones regionales del oriental departamento (provincia) de Santa Cruz en favor de la compañía.

Elementos del Comité Cívico de Santa Cruz tomaron en rehenes la noche del martes a los ministros de Producción, Celinda Sosa; Planificación, Carlos Villegas, y Minería, Walter Villarroel, liberados horas después por una incruenta operación militar.

Los captores pretendían obligar al gobierno a revocar la decisión de negar la licencia ambiental indispensable para que EBX opere en la zona y el ejecutivo cree que la empresa manipuló el tumulto en función de sus intereses.

Sobre el secuestro, García dijo ayer que "podrán matarnos", pero el gobierno no cederá en el tema, posición ratificada hoy de manera terminante.

La posición gubernamental tiene amplio apoyo, como el expresado por la Organización Indígena Chiquitana, que condenó y rechazó las acciones de EBX, a la que acusó de usar dirigentes regionales con el fines mezquino de "encubrir sus acciones ilegales inmorales y arbitrarias, en perjuicio de los bolivianos".

Los indígenas, que pueblan la zona de operaciones de EBX, señalaron que la compañía ha construido hornos metalúrgicos, lo cual vila la Convención RAMSAR de protección ecológica y la legislación boliviana en materia ambiental.

Una declaración de la organización agrega que la empresa extranjera viola la soberanía nacional y pone en riesgo la sostenibilidad del Pantanal, una zona de gran valor ecológico y turístico que Bolivia comparte con Brasil, y la existencia de las comunidades originarias.

Agrega que los planes de producción de la empresa demandarán deforestar 200 mil hectáreas boscosas del Pantanal, con el fin de producir el carbón necesario, lo que causará graves consecuencias sociales y ambientales.

El pronunciamiento de los chiquitanos demanda al gobierno mantener una posición de respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los bolivianos, especialmente de las poblaciones indígenas del Pantanal.

La actitud del gobierno fue respaldada también por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), cuya coordinadora regional, Ruth Vargas, declaró que sería ilegal otorgar licencia ambiental a EBX y permitir sus operaciones.

El bloque de organizaciones ecológicas no gubernamentales advierte que el uso de carbón no debe ser permitido, posición que mantiene el ejecutivo, al condicionar la explotación del gran yacimiento de hierro del Mutún, en la zona de Puerto Suárez, al uso de gas natural como combustible.