Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), lamentó que las diferentes cárceles de la ciudad se encuentren pobladas de jóvenes acusados por delitos menores.

Indicó que la ciudad cuenta con un retraso legislativo para la aplicación de sanciones a este sector de la población, por lo que se expresó en favor de una reforma al artículo 18 constitucional, en materia de justicia penal para menores, y consideró necesaria la revisión del concepto jurídico de ciudadano.

Ayer, el ombudsman firmó con autoridades del Instituto de la Juventud, el convenio mediante el cual ambas instituciones promoverán una cultura de respeto a los derechos de los jóvenes de la ciudad.

"Los reclusorios tienen un alto índice de población joven que cometió delitos menores; deben de crearse penas alternativas que permitan, a través de trabajo comunitario, incorporar de nuevo a este sector de la población a la ciudad".

Señaló que es necesaria la construcción, en la sociedad, de una cultura de respeto a los derechos de esta población, además de crear una visión de "estado social" que genere las condiciones necesarias para los jóvenes en materia de empleo y educación.

"La juventud en la ciudad desconfía de las autoridades porque han presenciado agresiones de parte de éstas hacia ellos", comentó.

Álvarez Icaza consideró de suma importancia la difusión de una cultura de respeto de los derechos de este grupo de habitantes en la ciudad, luego de calificar como erróneo el principio de que un ciudadano lo es hasta los 18 años.

"Un ciudadano debe ser aquel por nacimiento; que a los 18 años sea mayor de edad es diferente y es un error".