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LEYES DE DIFAMACIÓN ARCAICAS OBSTACULIZAN LIBERTAD DE PRENSA



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en junio 16, 2006

LEYES DE DIFAMACIÓN ARCAICAS OBSTACULIZAN LIBERTAD DE PRENSA

Costa Rica.
Las leyes de difamación anticuadas que se usan para silenciar al periodismo crítico en Costa Rica son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y van en dirección opuesta a los recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicen el World Press Freedom Committee (Comité Mundial por la Libertad de Prensa, WPFC), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ).

Las inquietudes de los grupos se producen tras un fallo de la Suprema Corte del 3 de mayo de 2006 que confirmó la "Ley de Imprenta" de 1902. Según el artículo 7 del estatuto, se puede encarcelar hasta 120 días a cualquier persona condenada por difamar o injuriar a otra.

El fallo de la Suprema Corte rechazó una apelación presentada por un abogado que representa al periódico "Diario Extra". Tres de los periodistas del periódicos - Gabriela Chaves Pérez, Marcos Leandro Camacho y José Luis Jiménez Robleto - habían sido condenados en febrero y marzo de 2004 según el artículo 7 y se las había impuesto una sentencia de cárcel suspendida.

El CPJ dice que el fallo es perturbador dado que el Código Penal de Costa Rica no permite sentencias de cárcel por los mismos delitos. Los artículos 145, 146 y 147 sólo ordenan multas.

Una sentencia emitida en julio de 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que atiende casos en los cuales se acusa a los Gobiernos de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos, deja claro que las leyes de difamación penal son incompatibles con los tratados internacionales de derechos humanos.

En ese caso, la Corte Interamericana anuló la condena del periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, que fue sentenciado en 1999 por un tribunal costarricense por cargos de difamación penal. La Corte falló que Costa Rica había "violado el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión" de conformidad con el artículo 13 de la Convención. Costa Rica es un país signatario de la Convención y como los otros 20 países de las Américas que han ratificado el tratado, debe aceptar los fallos de la Corte Interamericana.

El World Press Freedom Committee (Comité Mundial por la Libertad de Prensa, WPFC), que cabildea a los gobiernos de las Américas para despenalizar las leyes de difamación, dice que al llevar a cabo la amenaza de encarcelamiento, esas leyes tienen un efecto glacial en los medios y sirven para proteger del escrutinio a los funcionarios públicos.