La explotación y el abuso sexual se cuentan entre las peores formas de violencia contra los menores. Según Unicef, aproximadamente dos millones de niños son empleados en la industria del sexo anualmente.

Las dimensiones del problema son muy preocupantes, especialmente desde que las nuevas tecnologías (Internet, en concreto) contribuyen a la difusión masiva de estos delitos.
En este sentido y dada la gran preocupación que estos hechos generan, el Consejo de Europa creó el Convenio 201 en octubre del año 2007 durante una conferencia del Consejo en la isla canaria de Lanzarote, de ahí que sea conocido como Convenio de Lanzarote.

El principal objetivo de este convenio es prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, perseguir a los autores de los abusos y proteger los derechos y asistencia de las víctimas.

Plantea medidas de prevención como programas de formación y concienciación, trabajo en las aulas con niños de educación primaria y secundaria, para que aprendan cómo protegerse.

Ofrece servicios para proteger a las víctimas y a sus familias, tales como servicios de ayuda telefónica o vía Internet, asistencia psicológica, médica y legal.

También establece procedimientos judiciales adaptados a los niños para proteger su seguridad, privacidad, identidad e imágenes. A la vez incluye una serie de medidas para perseguir a los agresores, tipificando como delitos la prostitución infantil, la pornografía infantil, la corrupción de menores y el ‘grooming‘(proposiciones a niños con fines sexuales), con especial atención al uso de Internet.

Además, establece criterios comunes para asegurar que existe un sistema de penas proporcionado y disuasivo en todos los países; recoge información sobre los agresores condenados; elimina los vacíos legales, como permitir la extraterritorialidad en la persecución de los delitos, por la que un estado puede perseguir penalmente a sus ciudadanos por un delito cometido en el extranjero; y amplia o adapta el plazo de prescripción del delito.

Por otro lado, promueve la cooperación del sector privado, en particular los proveedores de acceso a Internet y las compañías del sector turístico, con el objeto de disuadir a los potenciales agresores e informar y proteger a las víctimas potenciales, y solicita el desarrollo de servicios y programas preventivos dirigidos a los agresores potenciales.

Hasta ahora, han firmado el convenio 34 de los 47 estados integrantes del Consejo de Europa. Los dos últimos en hacerlo han sido España y Georgia. Grecia por su parte ya lo ha ratificado, sin embargo sólo entrará en vigor cuando sean cinco las naciones que lo ratifiquen. Dicha ratificación implica la adaptación en este campo de los sistemas penales de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.

El Convenio de Lanzarote o Convenio 201 del Consejo de Europa se constituye en un instrumento fundamental para alcanzar una respuesta común, ágil, potente y responsable en la protección del menor frente a las agresiones vejatorias que atentan contra su integridad física y moral, con secuelas muy traumáticas para el libre desarrollo de su personalidad.
El Consejo de Europa confía en que el 'Convenio Lanzarote' contra la explotación de menores entre en vigor antes de 2010.