En el campo del Derecho (específicamente, en el procesal y el penal), el sumario es la agrupación de actuaciones que un especial magistrado utiliza con el propósito de preparar el juicio. En el sumario, el juez ordena los hechos vinculados con el delito por el que el individuo imputado será juzgado y quien posee el derecho de conferir un poder a un abogado, para que lo represente en el juicio mediante un poder para defensa penal, además del escenario en que ese delito haya ocurrido. Esto significa que el sumario posibilita al brazo ejecutor de la ley determinar las exigencias para la celebración del juicio.
 
En el Estado español, el proceso sumario se encuentra definido y caracterizado en los artículos 680-682 del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo a este Código, el procedimiento sumario consiste en aquel cuya realización de los trámites es rápida.

Para atender a la Ley que determina el ordenamiento jurídico español, esta clase de procedimientos son empleados por los jueces para aquellas situaciones en los que la naturaleza de la acción imponga que el procedimiento se efectúe lo más pronto posible, para así conseguir que el juicio, debido a la agilidad del procedimiento, sea lo más efectivo posible en su progreso y ejecución. De esta forma la persona imputada quien es representada por un apoderado a través de un poder para defensa penal, también conocerá de modo más rápido la sentencia.

Debido al procedimiento sumario, el juez tiene la posibilidad de fallar con más agilidad que en los procesos ordinarios ante un apoderado judicial encargado de la representación mediante un poder para defensa penal de su poderdante. Ahora bien, existe una doble cara sobre el proceso sumario que se debe analizar para establecer de manera total esta clase de procesos judiciales.
 
Por una parte, el procedimiento sumario es declarativo y general, lo que quiere decir que los procesos sumarios están ideados para situaciones que conformen parte de determinada generalidad de sumarios, no para eventos específicos o destacados.

Asimismo, los procesos sumarios son metodologías especiales. Esto exige que este tipo de procesos judiciales además sean posibles implementarlos para aquellas circunstancias en que la legislación actual en España establezca de manera expresa. Estos casos están relacionados con asuntos o negocios que se deben tramitar de forma obligatoria en razón a las disposiciones estipuladas. O en procesos penales donde el apoderado judicial requiera celeridad en el desenlace del proceso.

Todo lo anterior con relación a la legislación española, que no dista mucho de las legislaciones latinoamericanas en su gran mayoría.