El 9 de septiembre del año 2009 en medio del proceso que se le sigue al senador colombiano Alirio Villamizar por las declaraciones del ex superintendente de notariado y registro, Manuel Cuello Baute. La Procuraduría general de la Nación abrió investigación disciplinaria formal en su contra y el Ministerio Público lo suspendió provisionalmente de su función como senador por el periodo de tres meses.

El senador Alirio Villamizar es un hombre de familia con tres hijos, administrador de empresas con una carrera política de gran trayectoria. Concejal de Bucaramanga, tres veces diputado a la Asamblea de Santander, Representante a la Cámara por su departamento, Santander y Senador de la República de Colombia. Condecorado además por la Defensa Civil, el Concejo de Floridablanca, su ciudad natal y por la Fundación Proyectar.

Sin embargo, su hoja de vida ha venido manchándose con las acusaciones que se han proferido en su contra como lo fue la indagación preliminar que llevo a las autoridades a encontrar en la vivienda del congresista mil millones de pesos gracias a las denuncias presentadas por la Notaria conocida con el nombre de Luz Janeth Rojas de la Notaría 11 del Circuito Notarial de Bucaramanga y presentadas a la Corte Suprema de Justicia.

La Doctora Rojas también acusa al senador de haberle ofrecido dinero a cambio de su cargo como Notaria.

Durante estos allanamientos el senador Villamizar siempre manifestó su respeto y atención ante los llamamientos de la Corte Suprema de Justicia aseverando en todas sus alocuciones que respeta enormemente la soberanía del poder judicial colombiano.

No obstante, la responsabilidad disciplinaria del congresista se ha venido cuestionando a lo largo de estas indagaciones preliminares que como se dijo desde un comienzo condujeron a que Alirio Villamizar perdiera la investidura de Senador.

Esta siendo acusado entre otras cosas por tráfico de influencias puesto que hay quienes afirman que Villamizar ha utilizado su posición política para usufructo propio. Adicionalmente, se le acusa de haber recibido dineros por parte del gobierno para apoyar la reelección presidencial, entre otros.

El delito de concusión por el cual el senador recibió orden de captura se refiere a que todo "El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquiera otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salario mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal".

La actual investigación formal contra Alirio Villamizar consiste en recopilar el mayor número posible de datos que esclarezca y confronte las acusaciones que se han hecho desde el mes de agosto. Esta investigación a cargo de la Procuraduría General de la Nación será la que defina posiblemente si se le devuelve la investidura de Senador o si queda despojado definitivamente de ella y sujeto a las disposiciones de la ley.