La sanción frente a la no consignación de las cesantías al fondo seleccionado por el trabajador dentro del plazo establecido por la ley (hasta el 14 de febrero de cada año), y la sanción por no pagar la “liquidación” a la terminación del contrato de trabajo comprendida por el artículo 65 del código sustantivo del trabajo no son concurrentes.

La corte constitucional estimó que los habitantes no dueños, como es la situación de los arrendatarios a la que nos referimos en este artículo, podrán imponer derechos de petición sobre administradora de propiedad horizontal, y los más relevante, disponen del derecho a ser escuchados cuando se trate de resoluciones que los comprometan.

Hay una cantidad de recursos que pueden agilizar la prestación de un servicio, la entrega de medicamentos o la ejecución de un procedimiento. El sistema de salud en Colombia se encuentra en una etapa de crisis en la que el Gobierno ya está asumiendo condiciones para convertirlo en más eficiente, sin embargo mientras eso sucede es indispensable ejercer una serie de medidas para hacer respetar nuestros derechos como usuarios.Héctor ...

Un derecho de petición se puede interponer ante diferentes personas o entidades de acuerdo a la reclamación o la solicitud que se deba a algún motivo en especial. El derecho de petición es un derecho constitucional y establecido por el código contencioso administrativo en su artículo 5 y próximos. El derecho de petición al estar estipulado por el código contencioso administrativo, representa en esencia un ejercicio contra las instituciones ...

Para establecer los días de plazo que se poseen para dar respuesta a un derecho de petición, se tienen presente solamente los días hábiles, no los días calendario.  Es importante recordar que la autoridades o particulares que poseen la obligación legal de prestar atención a derechos de petición, disponen de los siguientes plazos para realizarlo: - Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones [Artículo 6 código contencioso ...

el derecho de petición se consagró por primera vez como derecho fundamental con la expedición de la Constitución del 91 (art. 23) orientado al caso específico frente al estado; no obstante su alcance jurisprudencial ha facilitado su empleo a personas naturales cuando se enfrentan a una circunstancia de desventaja en relación con el ciudadano (rango empresarial, rango militar, o de usuario como sucede con los particulares que brindan un servicio público domiciliario-sea básico o no) para el agrado de las motivaciones particulares.

Si el apoderado conocía sobre la terminación del poder y aún así continuó ejecutando acciones vinculadas con el poder, con terceros de buena fe, el poderdante se halla en la obligación como si el contrato no hubiese finalizado. Sin embargo, existe lugar a indemnización por parte del apoderado por los daños que su proceder le genere al poderdante.

Como todo contrato, el mandato o poder tiene su culminación, sea que esta se de por la renuncia del poder dentro del proceso, por la finalización de la labor del contrato del mandato o la sustitución del poder entre otras causales de las que más adelante hablaremos; el mandato no representa una excepción, el artículo 2189 del código civil establece unas causales que son por las cuales este negocio jurídico puede llegar a terminar.

La relevancia de dar a conocer al apoderado la revocatoria del poder o mandato conferido, tiene que ver con que todo lo que efectúe el apoderado en virtud del mandato o poder sin considerar la expiración del mismo es viable y permite a terceros de buena fe contra el poderdante, en otras palabras, que el poderdante continúa siendo el encargado de toda acción llevada a cabo por su apoderado.

Al divorciarse una pareja por medio de un poder especial para divorcio, la sociedad conyugal se disuelve y el siguiente paso consiste en su liquidación, lo que significa, en distribuir los bienes que le pertenecen a cada cónyuge, obviamente luego de pagar las deudas sociales presentes. Por otro lado, la patria potestad de los hijos continúa siendo una obligación de los dos, de la misma forma que la educación y los alimentos de estos.