Se debe explicar que así como el agente oficioso revela su voluntad al indicar que en la tutela actúa como agente, con el fin de defender a quien se encuentra impedido para hacerlo por sí mismo debido a su condición de fragilidad, el apoderado debe mediante el poder para tutela confirmar la legitimación de la causa para actuar como tal, entonces cuando la tutela se expone por medio de un apoderado, esta rige su admisión a la legalidad de presentar un poder para tutela con el escrito de tutela.

La cualidad de agente oficioso se debe asegurar bajo juramento, el cual se comprenderá por la exposición de la demanda o la contestación de acuerdo a la situación; cuando se necesite de abogado para la presentación de la demanda o la contestación, el agente se verá obligado a ejercer a través de un apoderado quien será el representante legal mediante un poder para demanda.

Cuando nos referimos a la obligación formal de declarar, nos hallamos frente a aquellos contribuyentes que de forma voluntaria se inclinan por declarar. Antes en el artículo 594-2 del estatuto tributario se indicaba sin límite alguno, que las declaraciones tributarias expuestas por los obligados a declarar no ejercían influencia legal alguna.

Existen diferentes motivos por los cuales un propietario o comprador de un inmueble busca conferir un poder para compraventa con el fin de ser representado en el proceso de compra-venta. Las razones pueden variar desde la imposibilidad para presentarse a la firma por cualquier situación o habitar fuera de la ciudad; hasta llegar al extremo que el comprador pida al vendedor que le confiera un poder de venta de inmueble en tanto pueda escriturar el inmueble.

Cuando alguien confiere un poder a un individuo para que efectúe una tarea, nos encontramos frente a un contrato de Mandato, que consiste en una figura jurídica por medio de la cual se le encomienda a alguien denominado mandatario que realice una labor solicitada por otra persona denominada mandante. ¿Cómo puedo revocar un poder especial en Colombia?Una de las principales causales para la terminación del mandato estipuladas en las ...

La acción penal, por este motivo, representa un ejercicio de poder que proviene del Estado y un derecho a la tutela o poder penal para los ciudadanos que padecen los efectos de un delito cometido contra su persona. Hay dos clases de acción penal, la pública y la privada. La primera está relacionada a lo que tiene que ver con el ministerio público, sin defecto de la intervención de la víctima y la segunda le pertenece a la víctima particularmente.

En la circunstancia que el albacea o éste no acepte el cargo, le corresponderá a los herederos que aceptaron la herencia la administración de los bienes; con respecto a los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial de acuerdo al caso, la administración le corresponde al cónyuge o compañero estable y al albacea si éste fue nombrado y aceptó el cargo, a falta de éste, por el cónyuge o compañero estable y los herederos que hayan aceptado la herencia.

En la situación en que una persona está casada y su cónyuge, no ha cometido infidelidad, no ha existido maltrato físico o verbal, en pocas palabras no cae en ninguna de las causales antes enunciadas, sin embargo desea separarse y su cónyuge no está de acuerdo y ofrece resistencia a llegar a un consentimiento reciproco para realizar el proceso de divorcio; lo que puede hacer la persona es primero otorgar un poder de divorcio ante el notario a un apoderado o abogado para que lo represente en el proceso y segundo basarse en la octava causal para hacer uso de ella, la cual señala la separación de cuerpos judicial o de hecho que ha permanecido por más de dos años.

El artículo enunciado del código general del proceso añade además la potestad del apoderado, en virtud del poder judicial conferido de reclamar medidas cautelares y pruebas extraprocesales, evento que no manifestaba el artículo 70 del código de procedimiento civil, el cual se halla vigente hasta la fecha, dicho artículo controla las consecuencias en que se comprende otorgado el poder judicial para litigar.

Cuando una persona natural posee una dificultad legal de tipo civil, laboral o penal, se ve obligada a recurrir a un abogado, y si presenta un inconveniente tributario acude a un contador público o confiere un poder de persona natural a un abogado también. ¿Cómo evitar ser engañado por alguno de estos profesionales?  Los casos se pueden ganar o perder y para identificarlo, por lo general se debe esperar ...